Nuevas formas de gobernar los movimientos sociales

Zibechi, R. (2008). “El arte de gobernar los movimientos” (pp. 101-130). En territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Argentina: Lavaca.

Martín González / martinglez5@hotmail.com

Introducirnos en el agudo análisis que R. Zibechi hace sobre las nuevas formas de control desplegadas en Sudamérica para coartar, reencauzar o anular desde su interior el diverso y potente reflujo contemporáneo de movimientos sociales, provisionalmente bien nos puede servir como un espejo donde se refleje un poco la actual situación de nuestros territorios y espacios-tiempos de lucha, para así actuar con lucidez y determinación ante la aparente calma superficial del riachuelo, pero con la revuelta profunda y ancestral de sus cauces y veneros. Vale entonces la revisión y resumen del citado ensayo.

Después de la insurrección popular argentina del 19 y 20 de diciembre de 2001, el presidente Eduardo Duhalde terminó por decir que “con asambleas no se puede gobernar”. Frase elocuente que expresa de manera precisa la nueva situación conseguida por el fuerte y prolongado empuje de los movimientos sociales en toda América Latina en el siglo XX y lo que va del XXI: la desarticulación de las viejas forma de gobernar y controlar la sociedad, sus movimientos y organizaciones; pero también los inicios en la instauración de nuevas artes de gobernar, “y en particular las destinadas a gobernar los movimientos de los de abajo, las que les están permitiendo alargarle la vida a los estados nacionales decrépitos” y a las descaradas formas de dominación, explotación y despojo por parte del capital trasnacional y nacional.

Basándose en el lúcido análisis que M. Foucault hizo sobre “Seguridad, territorio, población” (curso en el Collége de France 1977-1978), se entiende cómo las nuevas formas de control ya inicialmente implementadas por el capital y el Estado, ahora buscan apoyarse en los fenómenos existentes sin pretender impedirlos, sino más bien, introduciendo y poniendo en juego otros elementos de lo real a fin de que el fenómeno en cierto modo “se anule a sí mismo”. En vez de reprimir y prohibir, se trata de “regular” los movimientos haciendo que, desde lo interno, unos elementos actúen sobre los otros anulándolos o encausándolos bajo formas más adecuadas al capital y al Estado.

Las clases dominantes ahora buscan instaurar formas de control más sutiles, a distancia, que pretenden “la anulación progresiva de los fenómenos por obra de los fenómenos mismos”. Es una acción menos transparente, pero sí más “calculadora, meditada, analítica”, perversa. Buscando actuar sobre la multitud, en una relación de interioridad e inmanencia respecto de los movimientos, para domesticarla o reconducirla hacia modos que beneficien a los grupos dominantes. ¿Y quiénes mejor para actuar en relación de interioridad con los movimientos que un tipo de “personal” formado en la militancia y con experiencia en la relación con los oprimidos? ¿Quién mejor que los gobiernos surgidos de las entrañas de los movimientos de los de abajo y que los reencausan al terrero controlado de lo electoral y las formas políticas de Estado?

Básicamente, se distinguen en Sudamérica dos formas generales y ejemplares con las que se viene intentando “gobernar los movimientos” para anular sus efectos antisistémicos: 1) La cooperación para el desarrollo como “fortalecimiento” de las organizaciones en el área andina, sobre todo en Ecuador y Bolivia; 2) Las políticas focalizadas hacia la pobreza para la “intervención” en el territorio de los oprimidos en el cono sur, sobre todo en Argentina y Uruguay (tal vez también en Brasil). “Ambas formas no son excluyentes y en general aparecen las dos en casi todos los países; tienen en común la necesidad de ir más allá de disciplinar los cuerpos en espacios cerrados,  si no que se abocan a algo más complejo como gobernar la población” que no deja de moverse.

1. El “fortalecimiento” de las organizaciones mediante la cooperación para el desarrollo, multiplicándose las organizaciones no gubernamentales (ONG) de 100 en 1980 a 530 al comenzar los noventa, en el norte de Potosí (Bolivia) provocaron –según el análisis hecho por el Taller de Historia Oral Andina- a) Erosión de las comunidades y de sus espacios autónomos de reproducción de los modos de organización social y productiva internos; b) La mercantilización de las comunidades-ayllus y la dependencia de relaciones comerciales con el exterior, perdiendo su autonomía; c) Imposición de modelos asociativos que provocan conflictos generacionales, división y confusión, desconociendo la democracia comunitaria; d) Erosión de las capacidades autogestivas, al punto que los ayllus están en peores condiciones que antes para enfrentar una sequía u otro desastre similar; y e) Los ayllus se han vuelto vulnerables a la cooptación política y a la manipulación clientelista de sus necesidades (Silvia Rivera, 1992).

Por su parte, en Ecuador el 73% de las 519 ONG que se formaron hasta 1994 lo hicieron entre 1981-1994, es decir, a la par de las políticas de ajuste neoliberal ensayadas a partir de 1982. Después que el movimiento indígena cimbrara por segunda vez al Estado ecuatoriano, los financiadores y planificadores externos (como el banco Mundial) buscaron que esa proliferación de ONG sólo les proporcionara la base para un trabajo más abarcante; creando entonces una nueva modalidad de “cooperación” que en 1998 daría origen al Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indios y Negros del Ecuador (Prodepine). Este supuso un paso más adelante del Pronasol mexicano; porque sin articularse a las instituciones estatales, va directamente al universo de las organizaciones indígenas para trabajar directamente a favor de su “fortalecimiento organizativo” que busca el “empoderamiento de los excluidos” (Víctor Bretón, 2001). Prolifera así la conformación de Organizaciones de Segundo Grado (OSG) que “articulan” ONG locales, realizan el autodiagnóstico y contratan técnicos propios o de fuera; mientras que el Prodepine coloca los fondos en una cuenta de la organización, le provee metodología, le da seguimiento, define las pautas, asesora, fiscaliza y, sobre todo, realiza un censo para establecer la “calidad” de las organizaciones y su adecuación para el financiamiento.

De esta manera, y en específico el Banco Mundial, “conseguía superar el anquilosamiento o debilidad  de las instituciones estatales para ir directo al grano, a las bases sociales organizadas, como se deducía del fracaso de la experiencia mexicana”, influyendo en los desbordes que se realizaban desde abajo. Así, las ONG cambiaron drásticamente, pasando de jugar un papel contestatario a convertirse en colaboradoras de los Estados y gobiernos, especializándose en la “concertación e intermediación”, gestionando o impulsando la participación “ciudadana” a escala local, pero sin cuestionar las políticas macroeconómicas, o encausando hacia una supuesta crítica engañosa e intrascendente. Además, los dirigentes de las OSG se fueron convirtiendo en cacicazgos de nuevo cuño, en administradores que tienen la potestad de distribuir regalías que emanan de las agencias internacionales bajo formas de recursos o proyectos que favorecen lógicas clientelares. Es la sustitución de una dirigencia militante, por otra tecnocrática e interesada en la envergadura de los proyectos. “Ahora el prestigio de los dirigentes no descansa en que sean buenos luchadores, combativos y entregados a la causa, sino en su habilidad para captar recursos”. Esto terminó por desfundar las organizaciones y movimientos sociales de base auténticos, como la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) que tocó fondo en 2004 cuando se dio una gran separación entre la base y su dirigencia, ésta última se dividió y fue afectada por la cooptación gubernamental. Tuvieron que volver a las bases durante un intenso año, pusieron en duda la utilidad de su participación en las instituciones estatales, desapareciendo de los medios y relaciones oficiales, que les permitió reconstruir su autonomía desde y por abajo.

2. Por su parte, la estrategia de “incidencia en el territorio” pretende mantener la “razón de Estado”, gobernando las difíciles asambleas u operando de modo que se anulen unos factores con otros, pero siendo implementada ahora por “militantes” o agentes “comprometidos”  y por gobiernos de “izquierda” o progresistas. Sigue habiendo financiamiento para el “desarrollo”, a la vez que el Estado y el capital van asumiendo algunas de las iniciativas que nacieron abajo y las refuncionalizan, las orientan en otra dirección más adecuada para sus planes y políticas.

Se intenta una reformulación territorial, mediante la introducción e imposición de organizaciones al interior de las localidades, realizando  “intervención” social. Desde el Estado se crea una Secretaria o Ministerio para esta función (El MIDES, Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay) dirigida por algún ex militante de “izquierda”; e implementando un sinnúmero de “programas” específicos para los distintos grupos sociales (Plan de atención nacional de emergencia social-PANES, ingreso ciudadano, trabajo por Uruguay, rutas de salida, etc.). Pero sobre todo, se implementa un novedoso trabajo territorial por medio de los SOCAT (Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial) en las zonas de pobreza: un SOCAT por cada 9 mil personas en Uruguay, haciendo un trabajo territorial realmente micro. Marina Arismendi, Secretaria General del Partido Comunista y Ministra de Desarrollo Social en Uruguay, explica cómo “los SOCAT son tejedores en el territorio y articuladores de los distintos servicios. Su labor es tejer y coordinar en todo el territorio donde están los problemas y las necesidades… es decir, reunir y construir esa red de ‘protección’ social dentro del territorio”. Así es como se registra la confluencia del Estado (municipios, ministerios, etc.) y la “sociedad organizada de la cual ustedes son parte y son a la vez –fíjense qué interesante que es esto, qué proceso tan interesante- son parte también de la institucionalidad del Estado” (Discurso en el 3er. Encuentro Regional de SOCAT, 16 de agosto de 2006). El director de Infamilia confirma que “los SOCAT son las voz del territorio, son los zurcidores de los servicios en el territorio y los promotores de la participación ‘ciudadana’”. Y es que “la crisis del Estado benefactor supone establecer nuevas bases de relacionamiento entre Estado y sociedad civil” desde las mismas regiones (Julio Lango, 2000); porque “los cambios en la estructura social uruguaya y la creciente diversidad social han desbordado las capacidades de las instituciones que tenían a su cargo visibilizar los proceso de ‘integración’ social” (id. 1999).

En fin, los SOCAT se financian por un acuerdo con el BID (40 millones de dólares) mientras el gobierno nacional aporta 5 millones. En cada zona asignada, los SOCAT crean una Mesa Coordinadora Zonal en donde participan vecinos, instituciones públicas y privadas (movimientos, organizaciones de base, colectivos, iglesias, escuelas, policlínicas, empresarios, vecinos a título individual, etc.). Cada SOCAT es gestionado por alguna o algunas ONG (como Vida y Educación o Juntos somos Más), que son quienes reciben los 3 mil dólares trimestrales que el  MIDES destina a cada SOCAT como Fondos de Inversión Territoriales (FIT). En la Meza Coordinadora, a mano alzada y luego de debatir largamente, deciden en qué los “invierten”. Los SOCAT ejecutan una “diagnostico participativo” para identificar las necesidades del área y así aplicar los fondos. La mayoría de los funcionarios de las ONG muestran un perfil relativamente homogéneo: “son jóvenes (más o menos de 30 años), de formación universitaria completa o media, y sobre todo con amplia experiencia con trabajo en pobreza, ya sea como funcionarias de ONG o como militantes sociales, o ambas a la vez. En general, dominan las técnicas de educación popular”, como plenarias, talleres, utilizan materiales y técnicas participativas.

En conclusión, “esta intervención territorial anuda al Estado y los movimientos, pero al anudarlos los regula, los controla a distancia, controla el movimiento de modo indirecto, usando las mismas tecnologías de la Educación Popular y los estilos de la militancia”. Así se busca crear “movimientos” que permitan al Estado, los capitalistas y las instituciones “moldearlos desde dentro, en una relación de inmanencia. A través de los SOCAT y las ONG, el Estado actúa en los movimientos, los reconfigura, y de esta forma los gobierna”. En la práctica de las Mesas Coordinadoras de Zona, creadas, sostenidas y legitimadas desde arriba, se está “desarrollando el Estado en el seno de esa práctica consciente de los hombres” (M. Foucalt, 2006). Es una nueva manera de gobernar, en donde la misma sociedad civil actúa como Estado. Se deja la acción negativa a la policía y la milicia que se enfoca sobre los incontrolables, mientras que el Estado -como “manera de hacer y pensar”- ingresa dentro de los territorios y conciencias, acompasando así el andar de los “sujetos” sociales ya sujetados.

Realmente, “comprender las ‘nuevas gobernabilidades’ como resultado de la potencia de los movimientos sociales, pero también como un intento de las élites de reconducir la crisis del modelo de dominación, es un imperativo para seguir impulsando las luchas sociales y políticas en una situación ciertamente más compleja que la anterior”. No se puede minusvalorar, tener flojera o posponer esta necesidad analítica, reflexiva y auto-reflexiva. En perspectiva de los desafíos ineludibles para la autonomía y otra política desde abajo, anticipadamente se nos plantean cinco puntos: 1) Comprender en toda su complejidad el despliegue local de las ‘nuevas gobernabilidades’ (desentrañar cómo son las nuevas formas de gobernar en la región y localidad), sin dar cabida a la menor ingenuidad y admitiendo que estas “representan un ataque en profundidad a los espacios de autonomía conquistados por los movimientos”; 2) Proteger nuestros espacios y territorios que, sin enviar ejércitos armados, son invadidos por medio de ‘técnicos’ apoyados por financieras internacionales, consiguiendo los mismos objetivos militares pero de forma menos ostensible; 3) No sumarnos a la agenda del poder, crear y mantener nuestra propia agenda de tiempos-espacios, actividades, acciones y prioridades; 4) Es imprescindible delimitar campos, “definir y definirse ante los aparentes y las apariencias”, ante las confusiones y ambigüedades; llamando a las cosas por su nombre, aunque eso signifique asumir la soledad respecto a los de arriba y la hostilidad de la izquierda institucional; 5) Potenciar otra política, la plebeya, la que no se afirma en la visibilidad ni en la “unidad a toda costa” que sólo encubren los intentos de cooptación y control, dejando “los flancos abiertos a las fuerzas contrarias a la transformación social. Así, en ciertas coyunturas, la consigna puede ser: ‘dividir para luchar mejor’” (F. de Oliveira, Folha de Sao Paulo, 30-10-2006) y para no quedarse enredados y comprometidos con la agenda y estrategia implementada por el Estado, como se intentó electoralmente con “Lula” en Brasil. Y que ya en funciones terminó siendo cuestionado hasta por la Conferencia Nacional de Obispos que, en voz de su secretario general Ob. Odilio Scherer, dijo que con el actual gobierno Brasil “se transformó en un paraíso financiero”. O el mismo obispo de Salvador Geraldo Majella Agnelo: “nunca hubo un gobierno tan sumiso a los banqueros” (O Estado de Sao Paulo, suplemento Aliás, 5-03-2006).

P.D. Para ampliar y actualizar aún más el análisis de las nuevas formas de gobernar los movimientos sociales, bien valdría la pena revisar el más reciente libro de Zibechi, R. Contrainsurgencia y miseria. Las políticas de combate a la pobreza en América Latina (2010). México: Pez en el árbol. Hacia allá nos encaminamos.